Políticamente Incorrecto
La batalla legal contra el terror
La excarcelación injusta e indignante de la terrorista Lori Berenson nos ha hecho recordar que tras haber derrotado al terrorismo en la guerra de las armas y del apoyo popular, la democracia está perdiendo hoy la batalla legal contra esa lacra criminal.
Las cifras no mienten: desde el año 2001 a la fecha han sido liberados más de 3500 terroristas convictos y confesos, muchos de ellos mandos nacionales y mandos intermedios de las bandas armadas Sendero Luminoso y MRTA. Casi 500 han salido bajo libertad condicional, igual que la Berenson.
Alrededor de 3000 abandonaron la prisión porque se les indultó en secreto, o se les conmutó la pena, o fueron absueltos por “falta de pruebas” (Paniagua y Toledo aceptaron que el Tribunal Constitucional que encabezó Javier Alva Orlandini anulara las pruebas actuadas en los primeros juicios a los terroristas), o los jueces de “derechos humanos” les dieron penas benévolas de sólo 10 o 12 años, que se redujeron a 7 u 8 con los beneficios penales.
Ambos gobiernos aplicaron una política de Estado sistemática a favor del terrorismo, aprobando leyes que les dieron a esos criminales el derecho a recibir beneficios penales y a tener una reclusión “flexible”, con lo cual volvieron a tomar el control de sus respectivos penales.
El autor intelectual de tales medidas es el ex Canciller y ex ministro de Justicia toledista Diego García Sayán, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antiguo camarada de las ONG de origen comunista que trafican con los derechos humanos.
García Sayán firmó indultos secretos a favor de terroristas presos, sostuvo conversaciones ocultas con Abimael Guzmán y otros cabecillas, y propició el allanamiento ante las sentencias que dictó la Corte IDH contra el Perú y a favor de los terroristas.
En contraste con esa política pro SL y MRTA, los gobiernos de Paniagua y Toledo dieron carta blanca a una feroz persecución legal contra los policías, ronderos y militares acusados de supuestos crímenes por la Comisión de la Verdad (CVR) que creó García Sayán y que fue hegemonizada por conocidos dirigentes políticos comunistas y pro comunistas.
Si a los terroristas les dieron todos los beneficios penales y libertad plena en las prisiones, a los que lucharon contra el terror les negaron esos beneficios y los sometieron a humillaciones y maltratos en los juzgados, fiscalías, tribunales y en prisiones.
Tuvieron que pasar dos gobiernos nefastos para que el Estado peruano enmendara esa política, aunque solo de manera parcial, pues aún hay instituciones estatales que siguen aplicándolas, sobre todo el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En honor a la verdad, es el actual titular de Defensa, Rafael Rey, quien ha realizado los mayores esfuerzos para corregir esta injusticia. De hecho Rey ha convertido en uno de los objetivos centrales de su gestión ganarle la guerra legal al terrorismo, para lo cual su sector viene brindándoles protección legal a todos los que son perseguidos injustamente.
La asistencia legal está siendo brindada a los que están hoy acusados de supuestos delitos y también a quienes podrían ser acusados en el futuro por fiscales y jueces condicionados en los “talleres de capacitación” que manejó la ONG roja Aprodeh, desde el año 2002 hasta el 2006.
Rey ha conseguido además que la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno del Congreso le otorgue a su sector facultades para que legisle una nueva ley que regule el uso de la fuerza en el combate al terrorismo.
En el último año, según sabemos, el Ministerio de Defensa también ha podido mejorar el equipamiento de las bases contrasubversivas establecidas en el Valle de los Ríos Apurimac y Ene (VRAE), así como el entrenamiento de las tropas que están yendo a combatir en esa región del país.
En ese sentido, las fuerzas que defienden a la democracia tienen ahora mejor rancho, equipos de comunicación directa entre las patrullas y los helicópteros, visores nocturnos, y además cuentan con el respaldo de una planificación adecuada de las operaciones militares gracias a que se ha unificado el trabajo que realizan en el VRAE los servicios de inteligencia militares, policiales y civiles (DINI, DIGIMIN, DIRIN, SIE, DINA, DINFAP y DIRCOTE).
Además, las tropas que conforman las dos compañías de fuerzas especiales del ejército destacadas en esa zona han recibido una preparación especial para el combate en la jungla.
Estas iniciativas constituyen un avance en la lucha contra el terrorismo en el VRAE, que ya está empezando a dar resultados, como la reciente captura de nueve presuntos subversivos. Es necesario señalar, sin embargo, que aún faltan helicópteros y vehículos blindados, cuyas compras se han retrasado por las deficiencias estructurales de un aparato estatal obsoleto e inepto.
Las asignaturas pendientes son la batalla legal y la lucha en el terreno de la opinión pública, que también es de enorme importancia, pues los dos gobiernos anteriores consintieron y alentaron una campaña sistemática de desprestigio contra las fuerzas del orden, que fueron presentadas como enemigas de los ciudadanos y corporaciones criminales.
En la lucha legal el Estado no ha mostrado un frente cerrado por culpa del sistema de administración de justicia, que aún no se ha comprometido en esta empresa. El Ministerio Público y el Poder Judicial siguen siendo complacientes y permisivos con los jueces y fiscales adoctrinados por Aprodeh, cuando debería separarlos y reemplazarlos por magistrados independientes.
Confiamos en que el ministro Rafael Rey también asumirá un liderazgo en el frente de combate político por la opinión pública, en el que, téngalo por seguro, contará con el apoyo de la mayoría de los ciudadanos, periodistas y organizaciones sociales comprometidas genuinamente con la defensa de la democracia.
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